La crisis de acceso a la vivienda es un problema que afecta a toda la sociedad, es más que evidente, pero en este contexto en el que la oferta es tan limitada (además de cara), las personas que conviven con animales lo tienen aún más complicado: la mayoría de alojamientos directamente vetan, de manera automática, a los inquilinos que tienen perros o gatos.
No hay más que entrar en cualquier portal inmobiliario y hacer una búsqueda limitándola a anuncios en los que se permita el alquiler con animales de familia: los resultados son irrisorios o, más bien, dan mucha angustia.
Esta realidad afecta a miles de personas porque cada vez hay más familias que conviven con perros y gatos en España y no, no hay una solución sencilla para un problema que puede tener -y demasiadas veces tiene- consecuencias muy duras.
Esta semana se ha abierto un necesario debate sobre esta cuestión en el Congreso de los Diputados: FAADA ha organizado una jornada, en colaboración con Fundación Affinity, para poner sobre la mesa los muchos escollos con los que se enfrentan tantísimas personas y familias.
En este evento ha estado presente el Director General de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, y ha contado con la participación activa de los diputados Etna Estrems(ERC), Alberto Ibáñez(Sumar) y Carmen Andrés Añón(PSC-PSOE) así como representantes del sector inmobiliario, José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y Laura Fernández, directora general de Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) y también Álvaro Gutiérrez (co-CEO de Barkibu).
Podéis ver y escuchar los debates aquí.
Como aclararon las organizadoras del evento, se invitó a representantes de todos los grupos políticos pero el resto declinó participar.
Durante la jornada ha quedado claro que faltan datos, a todos los niveles. No se sabe realmente cuánta gente trata de alquilar con sus animales, cuántos son rechazados, cuántos optan por no decir que viven con un perro o un gato para poder acceder a una vivienda.
Pero, como explicó José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, de los alquileres que gestionan, 8-9 de cada 10 ya vienen con la cláusula de que no se admiten animales marcada por el arrendador, salvo autorización expresa. Es decir, a veces se puede llegar a un acuerdo.
Eso sí, la impresión tajante de los representantes el sector inmobiliario es que apenas hay reclamaciones por daños causados por perros pero, pese a ello, parece ser el "miedo" más generalizado entre los propietarios de pisos en alquiler.
"No hay problemas reseñables por inquilinos que tengan mascotas. No los hay. Es un dato absolutamente marginal", ha recalcado Alfaro. En su experiencia, la convivencia con animales no incrementa ni un solo punto las incidencias registradas en los alquileres.
También se ha analizado, por ejemplo, cómo afrontan esta situación en Francia o en Inglaterra, dos modelos diferentes que es importante estudiar para ver su viabilidad en España: la norma francesa, que invalida cualquier cláusula de un contrato de alquiler de vivienda que prohíba tener un animal familiar, sería más interesante a juicio de muchos de los presentes en la jornada.
Este es uno de los puntos que parecen más evidentes: es esencial limitar las cláusulas generales de prohibición y explorar garantías y productos aseguradores adecuados.
De hecho, según se ha recalcado, no existe en la actualidad un seguro que sea de utilidad para inquilinos con perros o gatos, para cubrir posibles desperfectos.Directamente no hay nada así aún en el mercado.
El nuevo seguro de responsabilidad civil obligatorio -que, según ha confirmado Becerra, será una realidad en unos ocho meses-no serviría para ofrecer más garantías a los dueños de pisos en alquiler puesto que, de nuevo, no cubriría posibles daños en el hogar causados por un perro o gato.
Para los representantes de ERC, Sumar y PSC-PSOE está claro que la vivienda pública debería ser un posible punto de partida para impulsar cambios graduales: la actual tesitura hace poco probable que se pueden cambiar leyes o impulsar grandes cambios pero en el caso de la vivienda pública es algo que se puede poner en práctica a nivel local o autonómico de inmediato, si hay voluntad política.
Hablar del problema y sentar a la mesa a diferentes interlocutores con capacidad para plantear un camino que pueda llevar a mejorar la situación es un primer pequeño paso que, sin duda, aplaudimos desde SrPerro.
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