Desde hace unos años aparecen cada vez más noticias sobre municipios donde se ha implantado el censo de ADN canino para intentar así combatir conductas incívicas o incluso el abandono. Están vigentes en municipios pequeños y grandes, desde Meco hasta Málaga pasando por Paterna, Alcalá de Henares o Ajalvir y en Madrid se ha llegado a plantear en más de una ocasión.
Más de 40 municipios en toda España exigen a las personas que conviven con un perro un análisis de ADN para elaborar un censo genético canino, un análisis que cuesta entre 35 y 45 euros de media aunque a veces esté subvencionado por los propios consistorios.
Es aún algo novedoso y rodeado de un cierto halo científico, se suele vender como un gran avance para mantener limpia la ciudad y evitar que cualquier persona pueda deshacerse de su perro... pero la realidad parece ser bastante diferente, tal y como alertan desde el Colegio de Veterinarios de Valencia(ICOVV).
Y no, no es el primer colegio de veterinarios que emite una opinión negativa sobre estos tests cuando se plantean para evitar el incivismo o el abandono animal. Desde Zaragoza a Madrid pasando por Alicante, el rechazo es unánime pero pese a ello este sistema podría seguir implantándose en aún más municipios.
"Diversas empresas especializadas han intensificado en los últimos meses una campaña comercial para ofrecer sus servicios a ayuntamientos valencianos, crear un censo genético y tratar de acabar así con el problema que supone que muchos dueños de perros no recojan los excrementos cuando éstos defecan en las calles o jardines. Para instaurar el sistema, tales empresas –después de ser adjudicatarias de este servicio- requieren de la colaboración de clínicas veterinarias de la localidad en cuestión, que son las encargadas de tomar las muestras de saliva o de sangre del perro con las que realizar la correspondiente ficha del ADN del animal", explican desde el ICOVV.
Por eso han querido pronunciarse para denunciar abiertamente las debilidades de un sistema que, pese a haber mejorado en los últimos años, resulta aún muy costoso, es poco fiable, y además genera una evidente duplicidad, obligando a las personas con perro a pagar dos veces por el mismo servicio, a través del microchip y después del ADN.
Existen otras dudas jurídicas: para garantizar la legalidad de las multas a los infractores, el municipio debería asegurar la cadena de custodia, es decir, que la muestra no se haya manipulado ni alterado desde su recogida hasta el resultado final de la analítica (cuando se coteja el ADN de la ficha de cada animal con el obtenido a partir de las heces).
Para su toma, además, se requerirá de la presencia de un funcionario que levante acta del lugar, de la persona que toma la muestra y de su envío al laboratorio. “El registro genético obligaría a que la policía local controlara, persiguiera y en su caso sancionase a quienes, después del plazo concedido, no hubieran inscrito a su animal y –una vez alcanzado un porcentaje del censo significativo- los agentes u otros funcionarios tendrían que auxiliar en la toma de muestras de heces para cada expediente que se pueda abrir”, explica a este respecto Ibor.
Otro punto flaco, aún más grave, según detallan desde el ICOVV, es su baja fiabilidad. "Su eficacia a la hora de cruzar datos entre el registro y los resultados por marcadores moleculares (PCR) de las heces recogidas es, pese a los avances registrados y según la literatura científica consultada, muy cuestionable: las muestras obtenidas suelen degradarse por las condiciones ambientales, muchas veces no son definitorias por la propia escasez de ADN que pueda analizarse, por la habitual presencia de inhibidores de PCR que impiden que los resultados sean concluyentes, por la existencia de contaminaciones genéticas, por problemas de conservación y/o transporte de las heces, por proceder de una especie distinta (gatos, por ejemplo) o de animales “itinerantes” (abandonados o de otros municipios que no estén registrados en este censo).
El caso de Málaga
En Málaga -el primer gran municipio donde este sistema se implementó, a partir de mayo de 2017, recuerdan los veterinarios de Valencia, se creó un fondo dotado con 200.000 euros para hacerse cargo de los análisis previos para obtener el perfil genético y para asumir también el coste de las pruebas PCR de las muestras de excrementos.
El porcentaje de éxito medio alcanzado en la identificación en 2019 y 2020 fue de entre el 15 y el 22% (se tomaron en esos dos años 715 muestras de la calle pero de ellas sólo se pudo identificar al dueño y multar en 131 casos).
Eso sí, las multas previas, las generadas por no haber inscrito previamente el perfil de ADN de los perros en el Ayuntamiento, si fueron considerables -algo que da pie a pensar en que la medida es más recaudatoria que otra cosa, agregamos desde SrPerro.
Desde el ICOVV siguen analizando el caso de Málaga:
Si se quiere evitar generar un mayor déficit a las arcas municipales, los gastos generados por los expedientes que no logran una identificación (ocho de cada diez casos) deben compensarse con los ingresos por la vía de aumentar la cuantía de las multas donde sí se logra tal cosa (dos de cada diez).Y para conseguir tales cifras antes tuvieron que pasar varios años: a principios de 2021 el porcentaje de perros dados de alta en el censo llegó al 85% pero, para alcanzar ese ratio, el ayuntamiento tuvo que afrontar antes los gastos de 5.126 inspecciones a dueños de perros.
En la cercana Benalmádena también es obligatorio pero por el momento solo han conseguido que el 25% de los perros estén inscritos en el censo de ADN...
Las recomendaciones del ICOVV
El resumen de las recomendaciones del ICOVV a los municipios es que sería mejor reorientar la inversión municipal a la mejora de la vigilancia y a intensificar las campañas de concienciación, con mensajes que vayan más allá de remarcar los problemas de olores, de deterioro del mobiliario público o de falta de civismo, en los que se remarquen también los problemas de salud pública derivados de la no recogida de las heces (prevalencia de parásitos intestinales y posible contagio de enfermedades a personas).
El ICOVV recuerda, asimismo, que el actual sistema de identificación (a través del microhip, el mismo que es obligatorio en toda España) se puede localizar en pocas horas a un animal extraviado (sólo hace falta leer el chip con los datos de su titular) y sirve para identificar a todos los perros de la Comunitat –y a través del REIAC, la base de datos que conecta los registros autonómicos- a todos los del país.
Además, otros problemas asociados al test de ADN Canino es que ese censo genéticosólo permitiría conocer los datos de los perros que en ese momento estuvieran dados de alta en el municipio en cuestión y, claro, lo haría solo en los casos en los que la prueba no fallara. Y excluye la posibilidad de localizar a los dueños de los perros no censados en el municipio.
Por todo ello, el ICOVV concluye que los censos genéticos podrían, en su caso, ser útiles como un complemento pero nunca como un sustituto de los registros a través del microchip.
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