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Una veterinaria y una decena de cazadores acusados del sacrificio ilegal de al menos 36 perros

Una veterinaria y una decena de cazadores acusados del sacrificio ilegal de al menos 36 perros

Última actualización del articulo el día 27/04/2021

En diciembre de 2019, como parte de la operación Tanatoc, el SEPRONA investigó a doce personas por la muerte de hasta 46 perros: 11 cazadores y una veterinaria. "Mataban a los perros por no cumplir con sus expectativas de caza y se falseaban documentos y datos a la hora de proceder a la eutanasia de los mismos", según la Guardia Civil.

Es por ello que ahora Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado escrito de acusación contra esas 12 personas por el sacrificio ilegal de al menos 36 perros de caza. Solicita para los cazadores 1 año y 10 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal y para la veterinaria 4 años y 10 meses por un delito continuado de maltrato animal y otro delito continuado de falsedad documental.

Como explican en su web, la investigación comenzó cuando un particular dio aviso al SEPRONA al encontrar un galgo muerto en medio del campo.  

"Una vez identificado el animal mediante el microchip que portaba y contactado su propietario, este declaró espontáneamente haber llevado a uno de sus cinco galgos a una veterinaria de la comarca de Tierra de Barros para que lo sacrificara.

El motivo para ello era que ese animal no valía para cazar, ya que se comía las liebres abatidas, por lo que una vez acabada la temporada de caza decidió matarla, lo que esta veterinaria hizo inyectándole un producto para eutanasia animal."

El SEPRONA comprobó que esta era una práctica "bastante generalizada en la zona ya que numerosos cazadores de la comarca declaran haber recurrido a esta veterinaria para deshacerse de los perros que ya no querían seguir manteniendo por no serles útiles para la caza."

Un horror que debió de ser aún más terrible si cabe porque según explican en ElDiario.es a la veterinaria la acusan también de mala praxis por administrar la eutanasia sin aturdimiento previo de los animales e incluso fuera del centro veterinario.

En cuanto a la falsedad documental esto se debe a que cuando el SEPRONA consultó la documentación del Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura de la veterinaria encontraron que el motivo de la baja que figura en los expedientes de los animales es “muerte por enfermedad” o “causada por accidente”.

En el juzgado, los cazadores se han acogido a su derecho a no declarar y la veterinaria acusada asegura que lo que consta en los certificados de defunción de estos animales es verídico, explican en la web de Ecologistas en Acción.

Ellos entienden, sin embargo, que del resultado de la investigación del SEPRONA parece deducirse con claridad que estos perros fueron llevados a la citada veterinaria por cazadores de la zona para que ésta acabase con sus vidas de forma ilegal, puesto que no había causa alguna para practicarles la eutanasia sino que, simplemente, no les servían ya para cazar.

Agregan que, además, esta veterinaria firma al año un volumen desproporcionado de certificados de defunción en comparación con los que se emiten en el resto de la comarca de Tierra de Barros.

Por todo ello, Ecologistas en Acción de Extremadura ha solicitado para los 11 cazadores propietarios de los perros sacrificados ilegalmente 1 año y 10 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal y, para la veterinaria que practicaba las eutanasias ilegales, 4 años y 10 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal y otro delito continuado de falsedad documental.

En su momento, cuando se dio a conocer la investigación original, incluso la Federación Extremeña de Caza anunció que se presentaría como acusación en este caso

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