La Asociación de Policías por la Defensa de los Animales y la Biodiversidad (APDA)es una entidad sin ánimo de lucro formada por funcionarios policiales que tiene por objetivo promover la mejora y el deber de protección de los animales. La APDA también busca velar por el cumplimiento de las leyes que protegen a los animales. Como en estos momentos el Gobierno trabaja en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una ley afectaría a cómo se investigan los delitos contra los animales, desde APDA han enviado sus propuestas al Ministerio de Justicia para que las tengan en cuenta.
La nueva legislación puede afectar y mucho a los animales. Tal y como denunciaron PACMA, FAADA y otras organizaciones, el texto, tal y como está redactado, se traduce en que el Gobierno estaríá dejando solos a los animales en los procedimientos judiciales.
Sergio García Torres,el responsable de la DIrección General de Derechos de los Animales, ya se ha involucrado para intentar conseguir que lo que piden estas organizaciones se cumpla, es decir que el Ministerio de Justicia entienda la necesidad de que en los procedimientos de maltrato animal se permita la acusación popular, como hasta ahora.
En paralelo, compartimos aquí las propuestas que la APDA ha presentado al Ministerio de Justicia con el objetivo de que la nueva ley permita investigar adecuadamente las conductas contra los animales y protegerlos de manera más eficaz:
1. Trasladar todas las denuncias y diligencias policiales al Ministerio Fiscal
Actualmente, cuando el autor es desconocido la policía no debe trasladar las diligencias al juzgado o fiscalía, lo que supone que muchos hechos no sean suficientemente investigados ni consten en las estadísticas como delitos no perseguidos. Un ejemplo son los envenenamientos en parques públicos, que generan alarma social y que la Fiscalía conoce antes a través de los medios de comunicación que por medio del informe policial.
El texto propuesto por el Ministerio de Justicia resuelve este problema al disponer que la policía remitirá periódicamente al Ministerio Fiscal todas las denuncias y diligencias, aun sin autor conocido. La Asociación aplaude este cambio y propone que sean las Fiscalías las que concreten esa periodicidad.
2. Incluir en el atestado policial las diligencias relativas a los animales
El atestado es una pieza esencial para probar y enjuiciar los delitos. Sin embargo, cuando el Anteproyecto describe cuáles han de ser los contenidos de un atestado, se refiere únicamente a datos relativos a personas o cosas, pero no a los animales. Esta asociación ha solicitado que ese listado incluya también la identificación de los animales víctimas del delito u otros que pudieran tener relación, las medidas adoptadas para protegerlos y todos los datos referentes a la cadena de custodia, en el caso de cadáveres o muestras.
3. Definir las primeras diligencias policiales en casos contra animales
Ante el conocimiento de hechos que puedan constituir delitos contra animales, los agentes actuantes deben intervenir desarrollando una serie de primeras diligencias, que también deben estar recogidas en la LECrim.
Así, por ejemplo, prestar auxilio urgente a los animales heridos, ponerlos a salvo cuando exista un riesgo para su vida o integridad y, siempre tratar de averiguar por todos los medios su identidad y la de la persona responsable.
4. Prever la entrada y registro de lugares para proteger a los animales
La Asociación advierte de que el Anteproyecto, tal como está redactado en la actualidad, prácticamente anula las posibilidades de entrada y registro policial en lugares cerrados, al exigir para todos los casos autorización previa del Fiscal.
Esto, aunque no se trate de domicilios y aunque tanto policías como otros funcionarios públicos ya cuentan con facultades de inspección de este tipo de lugares. Por eso, esta organización ha realizado también una propuesta para corregir esa previsión.
5. Reconocer el papel de los peritos veterinarios o veterinarios forenses
Para completar el trabajo de los agentes policiales es necesario que un profesional veterinario pueda certificar desde el primer momento el estado de los animales, los daños sufridos, resultados de muestras biológicas recogidas, etc..
Sin embargo, a pesar de que esa necesidad viene siendo señalada desde la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esta figura no está contemplada en la normativa actual ni, por tanto, existe en la práctica.
6. Indicar la necropsia y el análisis de ADN como técnicas de investigación
La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal no recoge una técnica de investigación clave en los delitos de maltrato animal con resultado de muerte: la necropsia, que es clave para poder determinar las causas del fallecimiento.
Además, es necesario que esta ley prevea expresamente la posibilidad de aplicar el análisis de ADN en la investigación de estos delitos, una técnica que ya ha comenzado a ser utilizada con éxito por diversos cuerpos policiales y que resulta muy útil tanto en casos de maltrato como por ejemplo, frente al abandono frecuente de camadas, perros ahorcados, animales abandonados o encontrados heridos.
7. Proteger a los animales decomisados: no son cosas
Todo lo previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el decomiso puede ser también aplicado a los animales, pero, en su caso, se debe buscar siempre su protección y no ser tratados como cosas.
Se trata de que los animales intervenidos recuperen en lo posible y cuanto antes una vida normal, y no permanezcan varios años encerrados en la jaula de un centro de acogida hasta que acabe el procedimiento.
Te puede interesar
