Hace unos días se ha constituido oficialmente el Consejo Estatal de la Protección Animal y la primera noticia que ha trascendido del mismo, aunque en realidad no sea una novedad, esquese confirma la discriminación de los perros de caza.
Al haber sido excluidos de la Ley de Bienestar Animal, por mucho que ese texto indicara que estos perros quedaban protegidos por otras normativas, la realidad es que siguen siendo maltratados hasta niveles inconcebibles.
Cortesía de esa ley que de forma ilógica, siguiendo solo criterios políticos, decidió que seres de una misma especie debían de tener derechos diferentes, los perros de caza han pasado a ser perros de segunda categoría: tratados como herramientas de usar y tirar.
Esta semana se ha conocido otro caso de maltrato más relacionado con el "cuidado" de los perros de caza:
Agentes del SEPRONA de la Guardia Civil han investigado a un vecino de La Sénia (Tarragona) como presunto autor de un delito de maltrato animal, tras la muerte de tres perros localizados en una finca rural de su propiedad.
Sucedió el pasado 5 de agosto: localizaron a los perros encerrados en el interior de remolques agrícolas abandonados, sin acceso a agua, comida ni atención veterinaria.
Los animales muertos no tenían chip y los rescatados "presentaban claros signos de abandono y enfermedad, encontrándose en un estado físico muy deteriorado, según el informe veterinario preliminar."
Según las primeras investigaciones, los perros habrían permanecido en esa situación durante un tiempo prolongado, lo que habría causado su agonía y posterior fallecimiento, sin que se les ofreciera la asistencia necesaria para evitar ese desenlace.
Los agentes recogieron muestras de los animales fallecidos que están siendo analizadas mediante necropsia con el objetivo de confirmar las causas exactas de la muerte, y comprobar si los animales fueron o no utilizados para actividades de caza.
El responsable de que los perros estuvieran en ese estado es un hombre de 39 años que está siendo investigado por ello. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Amposta, así como a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Tarragona.
Junto con lo anterior los agentes instructores solicitaron, como medida cautelar, el decomiso provisional de los 14 perros que conforman la rehala. La Autoridad Judicial designó al Ayuntamiento de la Sénia el depósito provisional, con supervisión veterinaria municipal, con el fin de asegurar el bienestar de los animales.
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