Recientemente ha habido varias noticias sobre casos de maltrato en centros de protección animal gestionados por empresas privadas en diversas ciudades de España. Es complicado entender cómo es posible que esto suceda una y otra vez. No son casos aislados y tampoco son achacables a una sola empresa.
Hay mucho desconocimiento sobre cómo operan estos lugares -las antiguas perreras municipales, ahora también llamadas centros de bienestar animal. Por eso hemos charlado con la abogada Dulce Aguilera, del Despacho Jurídico "Justicia- Animales & Medio Ambiente",para que nos lo aclare, para saber también cuál es la legislación que deberían cumplir y cómo es posible que no la cumplan. También nos ha explicado cómo es, normalmente, el proceso de adopción y cómo actuar ante cualquier sospecha de maltrato animal.
La primera diferencia es que los centros de protección animal o perreras son sufragados con fondos públicos mientras que las protectoras de animales necesitan aportaciones privadas, donaciones, para hacer su trabajo.
Las adopciones en protectoras de animales, normalmente, collevan un protocolo de adopción que puede ser extenso (formularios, visitas, seguimientos...) y los animales se entregan esterilizados o con el compromiso de esterilización. De esta manera se trata de garantizar su bienestar, cumplir con la ley y lograr adopciones exitosas.
¿Qué es lo que pasa con las perreras? Se suele elegir el animal a través de una web y tras proporcionar solo unos datos personales básicos se concierta la visita. Entonces se acude a las instalaciones y se recoge al perro -muchas veces te lo sacan fuera, para que no tengas ni que entrar. No hay seguimiento posterior y te pueden entregar el perro sin esterilizar -en contra de lo que exige la Ley de Bienestar Animal.
La gran diferencia entre uno y otro es que ya desde el primer momento, dice Dulce Aguilera, las entidades de protección animal vigilan o están preocupadas porque el animal que entregan tenga un buen futuro, que sea un miembro más de la familia, mientras que a las perreras lo que les interesa, prácticamente, es "quitarse a, a ese animal de encima, tener un chenil vacío o una plaza vacía para seguir entrando animales".
Las noticias sobre maltrato animal que afectan al centro de protección animal en Granada, llamado Centro de Bienestar Animal "El Vivero", se han ido sucendiendo a lo largo de los años.
Dulce Aguilera nos explica cómo lograron su cierre temporal a través del caso de este perrete, Salvo.
Ella es extremadamente dura -con conocimiento de causa- sobre este y otros centros que son gestionados por empresas externas. No duda en calificar a la mayoría de perreras como "centros de exterminio":
Todo aquello que sea gestionado por una empresa externa, a quien lo único que le importa es el el dinero y que sea rentable el negocio, son centros de exterminio donde los animales mueren como chinches, en la más absoluta soledad y en la más absoluta indiferencia"
"Los responsables directos de esto están en la administración pública, en este caso los ayuntamientos, que son los que tienen que llevar a cabo los servicios de inspección a esos centros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que no quieren problemas. Como a ellos les están quitando un problema del medio, que son los animales, no tienen animales en su municipio, hacen cuatro campañas, cuando las hacen, de lavado de cara y a partir de ahí, pues seguimos adelante. Esa es la cruda realidad que nos encontramos en estos momentos."
No es, por desgracia, algo esporádico: no solo ha sucedido en Granada. ha habido numerosos casos de maltrato animal en diversos centros de protección animal gestionados por empresas privadas. Y lo que sucede se repite: si las voluntarias lo denuncian en redes sociales, se les veta el acceso a las instalaciones y los que sufren son, evidentemente, los animales.
Entonces, ¿qué deberían hacer? Esto nos explica la abogada especialista en derecho animal Dulce Aguilera:
Lo primero, documentar absolutamente todo. Fotos, vídeos y por supuesto, que haya testigos de lo que está ocurriendo. Eso es lo primero. Lo segundo, no ir directamente a las redes sociales desde el primer momento. Primero hay que coger las pruebas necesarias, que sean lo suficientemente contundentes como para poder acudir a un procedimiento penal.
¿Cómo deberían de ser esas pruebas? Fotos y vídeos -pero no de un solo día, por duro que resulte, testigos (pueden ser otras voluntarias) y un informe veterinario -que se puede conseguir sacando al animal de esa perrera.
La Ley de Protección Animal obliga a los ayuntamientos a tener un espacio durante las 24h del día en el que poder recoger a los animales perdidos, en el que poder albergarlos hasta que puedan ser llevados al centro de protección animal.
Lo que ocurre es que muchos ayuntamientos no tienen ese espacio, es decir, están claramente incumpliendo la ley.
¿Qué es lo que hay que hacer? Dulce Aguilera lo aclara: básicamente presionar al ayuntamiento. Si es necesario, denunciar por incumplimiento de la ley de protección animal. Otra vía es la reclamación patrimonial, como hizo una pareja que se encontró a un animal herido, Gofio, y tras alertar y no recibir ninguna ayuda, ellos le llevaron al veterinario y después presentaron una reclamación patrimonial a la Administración para que le abone los gastos que tuvieron.
Sí, reconoce la abogada, "todo esto son quebraderos de cabeza, pero es la única vía que legalmente tenemos para presionar a la administración y exigir que cumpla con sus obligaciones, porque es su obligación. La ley les obliga y nosotros, como ciudadanos tenemos que exigir que la administración cumpla con lo dispuesto por la normativa".
Tenéis la entrevista completa aquí:
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