A Leia, la perra de la foto, la dejaron morir de hambre atada en una terraza. Los culpables fueron condendos gracias, justamente, a la acusación popular.
Esto es lo que ahora está en peligro, denuncian desde INTERCIDS, entidad integrada por jueces, fiscales, abogados, procuradores y agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros.
El Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado recientemente en Consejo de Ministros, limita de forma significativa la figura de la acusación popular, una herramienta clave para la defensa de los animales y la lucha contra la impunidad en los delitos cometidos contra ellos.
En la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada el 29 de octubre en Consejo de Ministros, no se ha atendido la petición que INTERCIDS viene realizando desde 2021 de preservar la acción popular para delitos contra los animales.
No es una cuestión menor, más bien todo lo contrario. Si nada cambia, estaríamos ante un "retroceso histórico" con respecto a la protección de los animales, otro más.
La reforma restringe el ejercicio de la acusación popular a un listado cerrado de delitos considerados “contra intereses colectivos”. Entre ellos figuran los delitos urbanísticos, medioambientales o contra el patrimonio histórico, pero no los delitos contra los animales, pese a que comparten el mismo ámbito competencial dentro de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Esta exclusión podría traducirse en una drástica reducción de los procedimientos penales por maltrato animal, minando el trabajo de las entidades que han hecho posible que estos casos lleguen a los tribunales.
Porque, como explican desde INTERCIDS, “buena parte de los procedimientos actuales se inician precisamente gracias a la personación de entidades de protección animal sin ánimo de lucro”.
INTERCIDS ya presentó un amplio y detallado documento con diversas propuestas de enmiendas para adaptar el texto de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal a la actual configuración de los delitos contra los animales en el Código Penal allá por 2021. Estas propuestas garantizaban la posibilidad de que la acusación popular, y, por tanto, la sociedad civil organizada, continuara participando activamente en la persecución penal de estos delitos.
En 2025, INTERCIDS insistió de nuevo al Gobierno de España sobre el problema planteado por este Anteproyecto de Ley, reiterando sus propuestas para corregir el articulado en diversos puntos y garantizar no sólo la inclusión de los delitos contra los animales entre los susceptibles de acción popular, sino también otros puntos del proyecto que suponen una limitación de las facultades de la acción popular en el procedimiento judicial penal.
No han sido escuchados y ahora la preocupación es extrema.
INTERCIDS lamenta que el Consejo de Ministros haya hecho caso omiso a este grave problema e ignorado las propuestas para enmendarlo, y anuncia que trasladará de nuevo a los grupos parlamentarios las enmiendas ya presentadas en su momento, con el fin de preservar las garantías procesales en la fase de instrucción y asegurar que los delitos contra los animales no queden fuera del amparo judicial ni del control ciudadano.
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